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Entrevista a Andrés García

Docente vinculado e investigador del INER

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¿De qué se trata la Sentencia T-622 de 2016?

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En noviembre de 2016, la Corte Constitucional expidió la Sentencia T-622 que reconoce a una entidad no humana como sujeto de derechos, y define una serie de órdenes y acciones para la conservación, protección y reparación del río Atrato, sus ríos tributarios y las comunidades que habitan sus cauces, a partir de distintos planes de intervención que deben elaborarse participativamente, con lo que se hace un llamado “al orden” a distintos ministerios, departamentos e instancias.

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¿Cuál es la importancia de esta Sentencia?

 

Esta Sentencia es un hecho sin precedentes en Colombia, ya que es la primera vez que se le reconocen derechos a un ser no humano como el río Atrato, por ser víctima de explotación ilegal de oro, el uso de mercurio para su extracción, así como por la deforestación, entre otros problemas. 

 

Además, se crea una figura novedosa con esta Sentencia: los Guardianes del río Atrato. Dicha figura es representada por el Estado, particularmente por el Ministerio del Medio Ambiente; y por las comunidades locales accionantes, es decir, aquellas que  emprenden el proceso  jurídico para reclamar sus derechos, representadas en la actualidad por 14 personas del bajo, medio y el alto Atrato, de comunidades negras e indígenas. Es a estos "Guardianes", a esa comisión mixta, a quienes les compete defender los derechos del río y los propios, así como velar por la construcción de los planes de intervención, por su seguimiento y su evaluación.

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Algunas de las órdenes que emite la Sentencia T-622 de la Corte Constitucional, son las siguientes:

 

• El reconocimiento del río Atrato como una entidad sujeto de derechos (conservación, protección, mantenimiento y restauración). 

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• La elaboración de planes de intervención -integrales- para restaurar y recuperar la cuenca del río Atrato, y para proteger los derechos y la vida de las comunidades que allí viven.

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• La elaboración de un plan de acción para neutralizar y erradicar las actividades de minería ilegal que se realizan en el río Atrato y en sus ríos tributarios o afluentes, tanto en Chocó como en Antioquia (Orden sexta).

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• La elaboración de otro plan de acción integral que permita recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación de las comunidades locales, todo en el marco de la perspectiva de reconocimiento de derechos étnicos y territoriales. Este plan de acción deberá recuperar esas formas tradicionales de subsistencia, enmarcado en propuestas de etnodesarrollo (Orden séptima).

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•  La realización de estudios toxicológicos y epidemiológicos del río Atrato, los  afluentes y las comunidades (Orden octava).